La Articulación de Movimientos Sociales de Nicaragua manifiesta su profunda preocupación y enérgica condena ante los hallazgos presentados en el reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el cual expone la estructura y los responsables de la represión estatal en el país desde abril de 2018.

El informe documenta ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, encarcelamientos arbitrarios y persecución sistemática contra opositores, sus familias y organizaciones de la sociedad civil. Estas acciones, perpetradas por agentes estatales y grupos armados progubernamentales, constituyen crímenes de lesa humanidad.

La cancelación masiva de organizaciones sin fines de lucro, la criminalización de la oposición política, el cierre de medios de comunicación independientes y la persecución de la Iglesia Católica reflejan la instauración de un sistema autoritario que busca eliminar toda forma de disidencia. La expulsión de nicaragüenses y la negación de ingreso a su propio país constituyen una violación flagrante del derecho a la nacionalidad y a la libertad de movimiento, dejando a cientos de personas en situación de apatridia.

La Asamblea Nacional, el Poder Judicial, la Policía Nacional, el Ejército y otros organismos han sido instrumentalizados para consolidar el control absoluto del régimen, violando principios fundamentales del Estado de derecho y garantizando impunidad a los perpetradores de estos crímenes.

Ante esta situación, exigimos: La inmediata liberación de todas las personas presas políticas, el cese de la represión y la criminalización de la oposición política y de las organizaciones de la sociedad civil, la restitución de la nacionalidad a todas las personas despojadas arbitrariamente de ella y el reconocimiento de su derecho a regresar al país, la restauración del Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua y la implementación de mecanismos internacionales de justicia para garantizar la rendición de cuentas de los responsables de crímenes de lesa humanidad.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que continúe ejerciendo presión diplomática sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y a fortalecer las iniciativas de protección para las víctimas de la represión.